El Grupo Provincial Popular presentará en el próximo pleno una proposición solicitando al Gobierno de España que cubra las vacantes y actualice los catálogos de puestos de la Policía Nacional y la Guardia Civil de la provincia de Valladolid

El PP en la Diputación Provincial presentará la proposición en defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el próximo viernes 22 de marzo

El PP en la Diputación Provincial solicita al Gobierno de España que cubra con carácter urgente las vacantes de los catálogos de puestos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la provincia de Valladolid.

Hace unos días hemos conocido la paliza que ha sufrido un vecino de Peñafiel que le ha llevado a estar hospitalizado; el verano pasado varias asociaciones de Guardias Civiles advirtieron de una posible desprotección en las fiestas de los pueblos debido a la escasez de efectivos; la propia Dirección General de la Guardia Civil manifiesta que el 16% de los puestos en las comandancias de Castilla y León están sin cubrir. También somos conocedores de las oleadas de robos que se producen en el campo y en los pueblos.

Un dato revelador es el aumento de las infracciones penales en la provincia de Valladolid han pasado de 15.030 en el año 2020 a 20.293 en el año 2022

En Valladolid la Guardia Civil arrastra un 7% de efectivos menos respecto al catálogo de activos, dato que no ha variado desde hace más de 20 años, y la Policía Nacional tampoco es ajena a este déficit en nuestra provincia.

Según el Atlas de Seguridad en España del Instituto Geográfico Nacional, la densidad de agentes de la Guardia Civil por número de habitantes se acerca a la cifra de 300 agentes por cada 100.000 habitantes. En el caso de la Policía Nacional el número de acuerdo con los datos del Ministerio de Política Territorial es similar.

Esta carencia de efectivos hace encomiable el sobresfuerzo que llevan a cabo los hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por ello queremos poner en valor y reconocer la profesionalidad y entrega de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Desde el PP en la Diputación Provincial consideramos que una adecuada dotación de las plantillas policiales contribuiría de manera decisiva a una reducción de los indicadores de criminalidad y garantizaría una mejor calidad de vida de los habitantes de nuestra provincia.

 
Resultado de la votación de la proposición en el pleno de 22 de marzo de 2024La proposición defendida por el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso Monge, ha sido aprobada por 17 votos a favor (14 del PP, 2 de VOX y 1 de TLP) y votos en contra (10 del PSOE)

El Grupo Popular presenta en el Pleno de febrero de 2024 una proposición de apoyo a los agricultores y ganaderos de nuestra provincia

El PSOE ha votado en contra de la proposición

El diputado Popular, Fernando Esteban, defiende la proposición

D.ª Yolanda Marta Burgoa Durán, portavoz adjunta del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo 23 de febrero de 2024, la siguiente PROPOSICIÓN:

APOYO A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID

El campo español está atravesando una situación de dificultad que viene provocada por múltiples factores, como el incremento de los costes de producción; las asfixiantes exigencias burocráticas y regulatorias; la aplicación de la nueva PAC con más exigencias ambientales que se hacen recaer sobre los agricultores y ganaderos; y la sequía.

Ello ha motivado que miles de agricultores y ganaderos se manifiesten para reclamar al Gobierno de España y a la Unión Europea un cambio en el Plan Estratégico de la PAC, una modificación de las medidas ambientalistas y los eco regímenes, una revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria o la derogación de la Ley de Bienestar Animal.

Son reivindicaciones que el Partido Popular comparte, porque las políticas ambientalistas de la Unión Europea, que han sido amparadas y aún intensificadas por el Gobierno de España, han llevado al sector a una situación insostenible.

Las peticiones del campo español son las mismas que el PP ha venido haciendo en distintos foros al Gobierno de España. Sin embargo, el Gobierno socialista ha sido el mayor defensor de esas políticas ambientales, sin atender al componente económico y social, obviando el impacto que tienen en el medio rural.

De la misma manera el Gobierno ha hecho caso omiso al sector, sin diálogo alguno ni consenso en las decisiones, lo que ha llevado a los profesionales y organizaciones del sector primario a la movilización.

Los consejeros competentes en materia de agricultura y ganadería del Partido Popular han pedido al ministro de agricultura en numerosas ocasiones que se reúna la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de forma extraordinaria, para tratar precisamente los asuntos que el sector está pidiendo, pero no se ha atendido esta propuesta y se ha negado a sentarse a hablar de los problemas reales del campo.

El Gobierno, con sus acciones, ha agravado la situación del campo. Ha negociado una PAC que ha supuesto menos ingresos y más exigencias ambientales; no ha dado respuesta a la situación de sequía; ha disparado los costes de producción; no ha adaptado el sistema de seguros agrarios; ha adelantado plazos por encima de lo exigido por la UE; ha establecido el impuesto al plástico y ha amenazado con un nuevo impuesto a la producción y distribución.

Los agricultores y ganaderos españoles están sobrellevando unas cargas inasumibles, con unos requisitos y costes que ahogan sus beneficios, que no permiten garantizar su rentabilidad y ponen en riesgo la sostenibilidad de sus explotaciones. La acción del Gobierno ha llevado al campo a una pérdida de competitividad, disminuyendo la producción en España e incrementando las importaciones, cuando asegurar alimentos de calidad a precios razonables para la ciudadanía debe ser una prioridad.

El Partido Popular es el partido del campo y del medio rural. Defendemos a nuestros agricultores y ganaderos y solicitamos al Gobierno un plan de choque con quince medidas de aplicación inmediata, para dar respuesta a la crisis del sector agrario. En particular, exigimos:

  • Reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural.
  • Reforzar la imagen de España como un país atractivo por la calidad de sus productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía.
  • Garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar nuestra dependencia de terceros países.
  • Exigir un informe previo de impacto en la economía rural aparejado a cualquier norma que se apruebe.
  • Exigir la flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), a efectos de reducir los trámites y revisar los eco regímenes.
  • Promover un Pacto Nacional del Agua que asegure la disponibilidad de agua para cultivos e industrias, como garantía de seguridad alimentaria. Para ello, es necesario comprometer una inversión en infraestructuras para hacer frente a sequías, altas temperaturas y control de inundaciones, así como modernizar regadíos.
  • Exigir la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica.
  • Revisar el Plan de Seguros Agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados.
  • Reformar el PERTE agroalimentario, a fin de ajustarlo a las características del tejido agroindustrial español.
  • Creación de un equipo de expertos para revisar las políticas de sanidad animal, que, además, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades.
  • Revisar todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad, y que no son exigencia de Europa.
  • Exigir al Gobierno el compromiso de no crear nuevos impuestos, ni aplicar cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria.
  • Suspender el impuesto al plástico, que lleva recaudado más de lo previsto.
  • Rebajar el IVA de los productos esenciales, incluyendo carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos o sus derivados.
  • Exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes por los daños causados en Francia a los productos españoles.

Por todo ello, se somete a la consideración de este Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

  1. Mostrar el apoyo al sector primario en la provincia de Valladolid, a sus agricultores y ganaderos. Reivindicamos su importancia en el desarrollo de nuestra provincia y Comunidad Autónoma, tanto desde el punto de vista productivo, económico y social, como medioambiental.
  2. Apoyar el plan de choque de 15 medidas que ha reivindicado el Partido Popular al que se refiere esta iniciativa, para hacer frente a la crisis del sistema agrario y agroalimentario español.
  3. Instar al Gobierno de España a que adopte estas medidas con la mayor brevedad posible.

En Valladolid, a 19 de febrero de 2024

Fdo.: Yolanda Marta Burgoa Durán

PORTAVOZ ADJUNTA DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

Enlace a la proposición en PDF


Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada por 16 votos a favor (14 PP y 2 VOX) y 10 votos en contra (PSOE).

El Grupo Provincial Popular presentará en el próximo pleno una proposición en defensa del campo

El PP en la Diputación de Valladolid presentará una proposición en defensa del campo en el pleno que se va a celebrar el próximo 23 de febrero.

El PP en la Diputación de Valladolid presentará una proposición en defensa del campo en el pleno que se va a celebrar el próximo 23 de febrero.
 
La agricultura y la ganadería son un pilar fundamental en nuestra provincia. Vivimos en un mundo rural y son muchos los agricultores y ganaderos que se han dirigido a nosotros reclamando ayuda para que apoyemos sus demandas.
 
El PP siempre ha mostrado su apoyo incondicional al mundo rural. Consideramos necesario apoyar al campo y a sus gentes, por eso el PP siempre estará al lado de los agricultores y ganaderos vallisoletanos que en los últimos días han salido a la calle a manifestar sus peticiones y pedimos soluciones inmediatas.
 
El PP es el partido del campo y del medio rural, para nosotros la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria alimentaria son sectores estratégicos que vertebran España, arraigan a la población en el territorio y combaten la despoblación.
 
Hay que destacar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español su aportación a la economía y la vida en el mundo rural.
 
Por todo lo anterior llevaremos a próximo pleno esta proposición para poner en valor una vez más el compromiso del PP en la defensa del campo y sus gentes.

El Grupo Popular presenta en el Pleno de enero de 2024 una proposición en defensa de los gobiernos constitucionalistas y contra el terrorismo

D. Guzmán Gómez Alonso, portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo 26 de enero de 2024, la siguiente PROPOSICIÓN:

EN DEFENSA DE LOS GOBIERNOS CONSTITUCIONALISTAS Y CONTRA EL TERRORISMO

El pasado 28 de diciembre en la ciudad de Pamplona prosperó una moción de censura de EH Bildu contra la alcaldesa de Unión del Pueblo Navarro con el apoyo de Contigo Navarra, Geroa Bai y del Partido Socialista de Navarra.

EH Bildu ha sido considerado, en unos casos, como heredero de la banda terrorista ETA, y, en otros, como el brazo político de esta organización terrorista. Esta consideración es motivada, porque entre sus líderes se encuentran personas que han sido condenadas por delitos de terrorismo, y en las últimas elecciones celebradas se pudo comprobar cómo en diferentes listas electorales de Navarra y del País Vasco las componían condenados por diferentes delitos de sangre.

ETA asesinó y secuestró a cientos de personas de diferente ideología y condición para conseguir sus objetivos. A decenas de compañeros de los dos principales partidos de España: el PP y el PSOE. Estos asesinatos y actos terroristas han sido condenados por todos los partidos políticos, excepto por EH Bildu y otras formaciones del entorno de ETA a lo largo de la historia democrática española. Estas formaciones políticas, cercanas a la banda terrorista ETA tampoco han pedido perdón sin fisuras a las víctimas ni a sus familias, y por eso no podemos permitir que España pase página, sin la petición de perdón a las víctimas, el cumplimiento de las penas por los terroristas y la defensa de la dignidad y de la justicia. Las asociaciones de víctimas del terrorismo han manifestado que las víctimas del terrorismo han ayudado con su vida a asentar el actual estado de derecho y la democracia en España y que el apoyo a EH Bildu es una traición a todo lo que ellas representan. Desde el Partido Popular respaldamos y hacemos nuestras sus reivindicaciones

Dar el gobierno de Pamplona o de cualquier otra ciudad de España a EH Bildu, supone respaldar los fines y los medios utilizados por la banda terrorista y su entorno durante décadas e, igualmente, supone una traición a las víctimas del terrorismo, a sus familias y a nuestro propio sistema democrático.

Muchos ciudadanos de toda España nos piden a los representantes políticos de los partidos constitucionalistas que no blanqueemos a EH Bildu y al entorno de la banda terrorista ETA, y nos piden que hagamos todo lo posible, dentro del marco establecido en nuestro Estado de Derecho, para impedir el gobierno de EH Bildu en cualquier municipio español, por pequeño que sea. Un partido que acoge en sus listas electorales a quienes con su desprecio por la vida humana contribuyeron a destrozar la vida de cientos de españoles.

El Partido Popular, consciente de esta demanda, dio sus votos en el Ayuntamiento de Vitoria, sin pedir nada a cambio, para que gobernara el Partido Socialista de la Comunidad Autónoma del País Vasco e impedir que pudiera alcanzar el gobierno del ayuntamiento de la capital del País Vasco EH Bildu. Del mismo modo, dimos los votos al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en la Diputación foral de Guipúzcoa para impedir el gobierno de Bildu.

El PSOE, sin embargo, ha dado sus votos ahora a EH Bildu cuando, años atrás y en repetidas ocasiones, el propio Pedro Sánchez afirmaba "El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición: con Bildu no se acuerda nada".

Por todo ello, se somete a la consideración de este Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Rechazamos el dar apoyo a EH Bildu o a cualquier otra fuerza política que no condena, sin fisuras, el terrorismo de ETA e integró a condenados por delitos de sangre en sus listas de las últimas elecciones municipales, para alcanzar el gobierno de la ciudad de Pamplona o de cualquier otro municipio de España.

Segundo.- Apoyamos y recordamos a todas las víctimas del terrorismo y defenderemos siempre su memoria, dignidad y justicia.

Tercero.- Defendemos el acuerdo entre los partidos políticos para alcanzar las mayorías suficientes para gobernar los municipios, siempre que estos acuerdos se hagan entre fuerzas políticas que respetan el Estado de Derecho, que acaten, cumplan y hagan cumplir la Constitución Española como norma fundamental del Estado, que condenen el terrorismo de cualquier origen, y respalden y apoyen a las víctimas del terrorismo.

En Valladolid, a 23 de enero de 2024

 

Fdo.: Guzmán Gómez Alonso

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

Descarga y comparte la proposición desde este enlace


Resultado de la votación de la proposición en el Pleno de 26 de enero de 2024:  La proposición se ha aprobado con 16 votos a favor (PP y VOX) y 11 en contra (PSOE y TLP).

 

El Grupo Popular presentará en el próximo Pleno una proposición para recuperar la financiación, por parte del Estado y de la Comunidad Autónoma, a los Planes Provinciales de Cooperación

La proposición ha sido aprobada en el Pleno de 27 de octubre de 2023 por UNANIMIDAD.

D. Guzmán Gómez Alonso, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 27 de octubre de 2023, la siguiente PROPOSICIÓN:

PARA RECUPERAR LA FINANCIACIÓN, POR PARTE DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, A LOS PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN

La Diputación Provincial de Valladolid, cumpliendo una de las competencias propias establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local, convoca de forma periódica los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración participan los municipios de la provincia a través de la convocatoria pública que establece los criterios de elaboración y distribución de fondos.

Desde el año 2012, estos Planes solo se han financiado con fondos propios de Diputación y aportaciones municipales.

La Diputación de Valladolid ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para invertir más de 140 millones de euros en los Planes Provinciales en nuestros pueblos desde entonces, habiendo conseguido además reducir las aportaciones de los ayuntamientos, pero es necesaria más sensibilidad hacia los habitantes del mundo rural y mayores inversiones en los pueblos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

Instar al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León a cofinanciar los Planes Provinciales de Cooperación y a la inclusión de las partidas correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Castilla y León del año 2024.

En Valladolid, a 24 de octubre de 2023

 

Fdo.: Guzmán Gómez Alonso

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

 

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Resultado de la votación en el Pleno de 27 de octubre de 2023: La proposición ha sido aprobada por UNANIMIDAD.

El PP quiere que el Grupo Socialista diga expresamente si está a favor de la tramitación de la ley de amnistía y la igualdad de los españoles

La proposición ha sido aprobada en el pleno ordinario de 29 de septiembre de 2023.

25 de septiembre de 2023.- El Grupo Provincial Popular de la Diputación de Valladolid presentará en el próximo pleno a celebrar el 29 de septiembre una proposición titulada “CONTRA LA TRAMITACIÓN DE UNA LEY DE AMNISTÍA” para que los diputados provinciales socialistas se retraten y digan explícitamente si están a favor o en contra de la tramitación de la amnistía y de la igualdad de los españoles. 

 

El texto de la moción contra la tramitación de la amnistía distingue entre la que se aprobó en 1977 “que era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura” franquista y la que el Gobierno pretende sacar adelante en las próximas semanas, que atenta contra algunos principios básicos del Estado de derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. 

La moción recuerda que ya esta cuestión se planteó en 2021 en el Congreso y los letrados emitieron un informe contundente, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como buena parte de sus ministros que tienen formación jurídica (Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo) se pronunciaron en favor de la inconstitucionalidad de una posible amnistía. 

Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas, señala el texto que apunta a que Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley. 

El precio de la presidencia sería no solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. 

En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social.

El Grupo Provincial Popular considera que actualmente nos encontramos ante un nuevo desafío histórico en el que una minoría populista y radical pretende imponer la ruptura de la igualdad de los españoles. Lo que es de todos se debe decidir entre todos y no se pueden someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías, por influyentes que puedan resultar, para beneficiarse de una coyuntura parlamentaria determinada.

Esta misma proposición será presentada en todos los municipios de la provincia por los grupos municipales populares correspondientes.

Enlace a la proposición en formato PDF

Votación: La proposición con una enmienda de adición de VOX ha sido aprobada por 16 votos a favor (PP y VOX), y 11 votos en contra (PSOE y TLP), en el pleno ordinario de 29 de septiembre de 2023.

El Grupo Popular exige al Gobierno de España que presente el Plan Director del Corredor Atlántico y destine más recursos económicos con el fin de impulsar el Corredor en los mismos términos que el Corredor del Mediterráneo

La proposición del PP ha sido aprobada en el Pleno Ordinario de 31 de marzo de 2023.

D. Agapito Hernández Negro, portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo 31 de marzo de 2023, la siguiente PROPOSICIÓN:

EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE PRESENTE EL PLAN DIRECTOR DEL CORREDOR ATLÁNTICO Y DESTINE MÁS RECURSOS ECONÓMICOS CON EL FIN DE IMPULSAR EL CORREDOR EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EL CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO

Recientemente ha sido designado el Comisionado del Corredor Atlántico y es necesario que las inversiones previstas en el Presupuesto General del Estado 2023 pasen del papel al territorio cuanto antes, porque no se puede perder más tiempo, máxime si tenemos en cuenta que esta designación llega con cinco años de retraso con respecto al del Mediterráneo.

Existe una urgente necesidad de que a través del Plan Director se recojan y concreten las inversiones y presupuestos que son necesarios para hacer realidad un proyecto que se establece como un eje vertebrador de la cohesión social y económica de las nueve provincias de Castilla y León.

En este sentido, no se puede dejar pasar la oportunidad de impulso que suponen los Fondos Europeos y es necesario un diálogo continuo y fluido entre las distintas administraciones para abordar las necesidades de nuestro territorio.

Igualmente resulta necesario promover un trabajo conjunto de todas las comunidades autónomas por las que pasa uno de los nueve corredores prioritarios de la Red Transeuropea de Transportes (Red TEN-T), de la misma forma que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos entre Castilla y León, Asturias y Galicia y que ha permitido la inclusión del ramal del Noroeste dentro del proyecto.

La ejecución del Plan Director, es básica para potenciar las conexiones que Castilla y León tiene con los puertos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Portugal.

Castilla y León en general y Valladolid en particular, cuentan con un significativo potencial logístico derivado tanto de la importancia del sector productivo, como de nuestra estratégica localización en el contexto peninsular y europeo, lo que ocasiona una considerable movilidad y flujo en el tráfico de las mercancías que se generan y transitan por nuestra Comunidad.

El Corredor Atlántico atraviesa Castilla y León desde Miranda de Ebro a Fuentes de Oñoro, “lo que supone 915 kilómetros de extensión”, un ramal del Noroeste hacia Galicia y Asturias y otro hacia Madrid y en ese contexto la Provincia de Valladolid debe ocupar un papel primordial, donde se debería estudiar la opción de reabrir la línea Valladolid-Ariza para conectar con el Corredor Mediterráneo en su ramal Algeciras-Zaragoza.

Es necesario que el Plan Director fije de forma clara las próximas actuaciones tanto en plazos como en presupuestos y que las inversiones previstas se comiencen a ejecutar y es necesario que ese retraso que sufre el Corredor Atlántico frente al Mediterráneo se pueda paliar en los próximos años.

Por todo ello sometemos a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

ÚNICO: Exigir al gobierno de España que presente El Plan Director del Corredor Atlántico y destine más recursos con el fin de impulsar el mencionado Corredor Atlántico y se avance en su ejecución.

Valladolid, a 28 de marzo de 2023

EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR

Fdo.: Agapito Hernández Negro

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Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada por 15 votos a favor (13 PP, 2 Cs y 1 VOX) y 12 abstenciones (11 PSOE y 1 TLP).

El Grupo Popular exige al Gobierno de España la implantación de una EBAU única que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad

La proposición ha sido aprobada en el pleno ordinario de 24 de febrero de 2023.

La portavoz adjunta del PP, Raquel González Caballero, defiende la proposición

D. Agapito Hernández Negro, portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo 30 de diciembre de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA IMPLANTACIÓN DE UNA PRUEBA ÚNICA EN TODA ESPAÑA DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) QUE GARANTICE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Desde que en el año 1974 se estableciera la selectividad, posteriormente la PAU, y actualmente la EBAU, el sistema de acceso a la Universidad determina cada año el futuro profesional de miles de estudiantes en nuestro país.

Como resultado de este sistema y a pesar de que los contenidos básicos son determinados por Orden Ministerial anual para todo el sistema educativo español, los exámenes y contenidos concretos son diferentes para Comunidad Autónoma, lo cual da lugar a desigualdades fruto del azar de cada convocatoria y prueba concreta o incluso a desigualdades estructurales  para los estudiantes según residan en unas Comunidades Autónomas u otras que desencadena unas calificaciones más bajas en la prueba de la EBAU en unos territorios que en otros, generando un perjuicio importantísimo a los estudiantes, de cara al acceso a la Universidad.

El objetivo de la EBAU tiene una doble función: en primer lugar, permite el acceso al Sistema Universitario Español y, en segundo lugar, las notas que se obtienen en la evaluación se utilizan para la admisión en cada titulación. Este sistema sigue un proceso de concurrencia competitiva que depende de la oferta de plazas de cada titulación y de su demanda. De hecho, las titulaciones más solicitadas requieren una nota muy alta.
Sin embargo, las pruebas no son iguales para todos los estudiantes, puesto que se produce una distorsión en el sistema desde la perspectiva de la equidad y de la eficiencia. A lo largo del territorio español asistimos a pruebas diferentes con distinta estructura o bloques de contenidos y con diferentes criterios de corrección. La dificultad del examen depende del lugar donde viva el estudiante. Motivo por el que el Partido Popular se opone a esta distorsión del sistema educativo.

Esto es más grave cuando la LOMLOE permite examinarse a los estudiantes de la EBAU con asignaturas suspensas, como sucede en La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Baleares, Cataluña y Navarra. Como resultado, y dependiendo del origen geográfico, un estudiante puede encontrarse en desventaja para acceder a una titulación respecto a otros, sólo por la exigencia académica a la que se enfrenta.

Además del rechazo del Partido Popular, la nueva EBAU ha suscitado la oposición de la comunidad educativa. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua (RAE), la Red Española de Filosofía, historiadores y los coordinadores del examen de Lengua Castellana y Literatura solicitan la retirada del borrador elaborado por el Ministerio de Educación porque se ha planteado sin diálogo alguno y porque supone una reducción inadmisible de los contenidos y la exigencia.

El Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado también advirtieron que eran unos currículos complejos e indeterminados.

En resumen, a la ruptura del principio de igualdad de oportunidades y la rebaja del nivel de calidad y exigencia del sistema educativo, se une la disparidad de los resultados de la EBAU que, año tras año en función de la Comunidad Autónoma donde se realicen las pruebas, origina la preocupación de miles de alumnos y sus familias.

Por este motivo, existe una demanda creciente para que la EBAU sea igual en todo el territorio español, con el objetivo de que los alumnos tengan las mismas oportunidades, tanto en el acceso como en la admisión a la Educación Superior. Una prueba única tendría ventajas añadidas como la evaluación del sistema educativo en su conjunto.

Con el fin de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes, sometemos a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Instar al Gobierno de España a implantar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, una prueba única en todo el territorio español de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU), con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y equidad de todos los alumnos con independencia del lugar en que realicen la prueba.

SEGUNDO: Que el Ministerio de Educación apruebe unos currículos comunes de Bachillerato claros, concisos y de alta calidad científica, elaborados por una Comisión independiente, formada por miembros que designen las Reales Academias.

TERCERO: Que se retire la propuesta del Gobierno para la reforma de la EBAU, que devalúa el bachillerato y la calidad del sistema educativo.

En Valladolid, a 21 de febrero de 2023

El Portavoz

Fdo.: Agapito Hernández Negro

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Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada por 15 votos a favor (13 del PP, 1 de Cs y 1 de VOX) y 11 votos en contra (10 del PSOE y 1 de TLP).

El Grupo Popular exige al Gobierno de España la agilización de las obras de la A-11 y que evite la caducidad del impacto ambiental del tramo Castrillo de la Vega-Quintanilla de Arriba

D. Agapito Hernández Negro, portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo 27 de enero de 2023, la siguiente PROPOSICIÓN:
 
EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE AGILICE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA A-11 EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID Y A QUE ACTÚE PARA EVITAR QUE VUELVA A CADUCAR LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRAMO CASTRILLO DE LA VEGA-QUINTANILLA DE ARRIBA
 
En la actualidad se encuentran en ejecución dos tramos de la A-11 (Autovía del Duero) en la provincia de Valladolid, el tramo entre Tudela de Duero-Olivares y Olivares de Duero-Quintanilla de Arriba.
 
A pesar de que la Delegada del Gobierno en Castilla y León, afirmara recientemente que esta infraestructura es una prioridad para el gobierno, la realidad muestra que las obras de los dos tramos en ejecución se encuentran totalmente paralizas, sin que en los últimos doce meses se haya avanzado en el grado de ejecución, que a fecha de hoy no llega al 20%.
 
Tal situación es especialmente grave y pone de manifiesto el desinterés del Gobierno por esta Autovía, si tenemos en cuenta que el tramo Tudela de Duero-Olivares de Duero de 20,2 km debería de estar ya finalizado ya que las obras arrancaron en diciembre de 2019 y se establecía un plazo de ejecución de 36 meses y el tramo Olivares de Duero-Quintanilla de Arriba de 14,5 km que se adjudicó al finalizar el año 2020 y con un plazo de ejecución de tres años, deberían de finalizar en noviembre de 2023.
 
Por todos es conocido el alto índice de siniestralidad que acumula la N-122 y muy especialmente en el tramo que transcurre por la provincia de Valladolid, así como la necesidad de que dicha vía de comunicación sea una realidad lo antes posible para vertebrar y garantizar el desarrollo económico del este de nuestra provincia.
 
Pero más preocupante aún, es la situación del tramo entre Quintanilla de Arriba y el límite con la provincia de Burgos, donde ya se ha dejado caducar hasta en dos ocasiones la Declaración de Impacto Ambiental (2012 y 2021) y se tuvo que proceder por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a una prórroga de la Declaración aprobada en el año 2017 y caducada, el pasado mes de Octubre de 2021 por un periodo de dos años y la dejadez del Gobierno de España, teniendo en cuenta que esta prórroga vence en octubre de 2023, nos condenará a una nueva caducidad que impedirá la puesta en marcha de las obras en dicho tramo de la A-11.
 
Por todo lo expuesto sometemos al pleno de la Diputación de Valladolid para su aprobación la adopción del siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO: Exigir al Gobierno de España a que agilice la ejecución de las obras de los tramos Tudela de Duero-Olivares de Duero y Olivares de Duero-Quintanilla de Arriba de la A-11.
 
SEGUNDO: Exigir al Gobierno de España modificación y/o dotación presupuestaria suficiente, y la agilización de los trámites administrativos necesarios para poder ejecutar lo antes posible el tramo entre Quintanilla de Arriba-Límite con la provincia de Burgos.
 
En Valladolid a 24 de enero de 2023
 
EL PORTAVOZ
 
Fdo.: Agapito Hernández Negro
 
 
Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada por 16 votos a favor (13 del PP, 1 de Cs, 1 de TLP, y 1 de VOX) y 9 abstenciones (PSOE).

El Grupo Provincial Popular insta al Gobierno de España a agilizar los trámites administrativos y dotar de partida suficiente en los PGE de 2023, para avanzar en la ejecución de la A-60 (Autovía Valladolid-León)

La proposición debatida en el pleno ordinario de 28 de octubre de 2022, y defendida por el portavoz Popular, Agapito Hernandez Negro (fotografía), fue aprobada por 25 votos a favor y una abstención.

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del Pleno Corporativo a celebrar el próximo día 28 de octubre de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

“INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A AGILIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DOTAR PARTIDA SUFICIENTE EN LOS P.G.E. DE 2023, PARA AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA A-60 (AUTOVÍA VALLADOLID-LEÓN)

Hace unos días hemos conocido que el Gobierno de España ha dejado caducar el impacto ambiental del tramo de la A-60 entre Villanubla y Santas Martas, muestra de su dejadez y desidia para con nuestra provincia y sus habitantes.

En los Presupuestos Generales del Estado, tanto los vigentes del 2022 como en los de 2023 pendientes de aprobarse, solo figuran partidas testimoniales para los distintos tramos, que en todo caso no podrán ni ejecutarse mientras continue sin aprobarse el impacto ambiental que lleva caducado desde el 9 de diciembre de 2019.

Es importante la finalización de esta infraestructura desde distintos aspectos: Desde el económico, que permitiría un incremento de las expectativas de desarrollo de los municipios, hasta el de la vertebración del territorio, así como desde otros como la población, las comunicaciones…, que sin duda ninguna siempre redundarían en el progreso de las provincias de Valladolid y León.

Es por ello, que sometemos a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

Instar al Gobierno de España a agilizar los trámites de la Autovía Valladolid-León para que se inicie la ejecución de los distintos tramos de la autovía A-60 entre Villanubla y Santas Martas, dotando de partida suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para año 2023, para que ésta sea una realidad en el plazo de tiempo más breve posible.

En Valladolid, a 25 de octubre de 2022

 

Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada con 25 votos a favor (PP, PSOE, Cs y TLP) y una abstención (VOX).

El Grupo Provincial Popular exige al Gobierno de España, en el Pleno de septiembre de 2022, la retirada del Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales por el perjuicio que causa al medio rural

La proposición ha sido aprobada en el pleno de 30 de septiembre de 2022.

El Diputado Popular Guzmán Gómez Alonso
defiende la proposición del PP.

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 30 de septiembre de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN, DERECHOS Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES POR EL PERJUICIO QUE CAUSA AL MEDIO RURAL

El pasado 18 de febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Protección, derechos y bienestar de los Animales, aprobación que estuvo marcada por ciertas desavenencias entre el Ministerio de Agricultura y el de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Dicho texto fue sometido a audiencia pública el pasado 8 de marzo, un proceso que finalizó el 29 de ese mismo mes y finalmente el Consejo de Ministros dio el visto bueno al Proyecto de Ley el pasado 1 de agosto y registrado en el Congreso de los Diputados al día siguiente, iniciando así su tramitación parlamentaria, habiéndose publicado dicho Proyecto de Ley, en el Boletín Oficial del Congreso el pasado 12 de septiembre.

El texto contiene aspectos negativos para muchos sectores del mundo rural y para la conservación de la biodiversidad. Esto resulta particularmente llamativo si tenemos en cuenta que la conservación de ecosistemas y su biodiversidad forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Estamos ante una iniciativa legislativa hecha por Unidas Podemos con el apoyo incondicional del PSOE, sin ningún respaldo científico y en beneficio exclusivo de los grandes lobbies animalistas.

Por otro lado, no hay que olvidar que en el mes de junio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió un informe sobre el Anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales en el que pedía “un menor grado de intervención administrativa”, dando así un toque al Gobierno, antes de la aprobación del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros.

Numerosas asociaciones y entidades profesionales que recogen las diferentes sensibilidades han criticado el contenido de dicho Proyecto de Ley que “pone en peligro la actividad de numerosos sectores”. Actividades, además, que suponen en muchos casos una fuente prioritaria de creación de empleo, desarrollo y riqueza para el mundo rural.

Entre dichas asociaciones y entidades profesionales se encuentran el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, la Real Sociedad Canina de España (RSCE), la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Fundación Artemisan, la Asociación Nacional de Doma Vaquera, la Asociación del Sector de Animal de Compañía (ASAC).

Ante esta falta de dialogo con los sectores afectados y los perjuicios que la aprobación de dicho texto puede generar en muchos sectores del mundo rural, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

Instar al Gobierno de España a que retire el actual Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales y elabore un nuevo texto teniendo en consideración los planteamientos y sensibilidades de todos los sectores afectados.

En Valladolid, a 27 de septiembre de 2022

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada por 14 votos a favor (PP y VOX), 11 votos en contra (PSOE y TLP) y 1 abstención (Cs).

El grupo provincial Popular reivindica en el Pleno de julio de 2022 el mantenimiento de los Juzgados de Paz en los Ayuntamientos de la provincia

El portavoz Popular Agapito Hernández defiende la proposición

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 29 de julio de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA

El pasado 19 de julio, el Gobierno de España aprobó, en Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto con las otras dos leyes de eficiencia procesal y organizativa, actualmente ya en trámite parlamentario, y bajo el “paraguas” de la transformación digital y la generalización del uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia, pone fin a la existencia de los Juzgados de Paz.

Los juzgados de paz fueron creados por Real Decreto en el año 1855. En la Provincia de Valladolid y en Castilla y León la figura del juzgado de paz es una institución arraigada desde hace años y que nace como un servicio de mejora de las relaciones vecinales.

Los juzgados de paz son órganos unipersonales presentes en los municipios donde no existe juzgado de primera instancia e instrucción. Están dirigidos por un juez de paz, que es una persona sin carrera judicial y nombrada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por un periodo de cuatro años, a propuesta de cada ayuntamiento por acuerdo del pleno. Este hecho evidencia el apego de la persona designada, a la comunidad y la capacidad de mediación local que se le atribuye. Al mismo tiempo, las tareas que desarrolla comportan el alivio de las cargas de los tribunales de justicia, ofreciendo judicatura de proximidad y ahorrando muchos recursos a los propios tribunales.

El actual proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, se prevé la eliminación de los juzgados de paz. Así pues, todos los municipios de la provincia de Valladolid que cuenten con juzgados de paz verían eliminada esta institución y se perdería el servicio de juez de paz.

La eliminación de los juzgados de paz supondría un encarecimiento de la justicia y la alejaría de la actual proximidad de la ciudadanía, además de incrementar el ya de por sí, colapso actual de los juzgados. Esta iniciativa legislativa, prevé sustituir la figura del juez de paz, por oficinas municipales de justicia, que no tendrían la misma proximidad porque las actuaciones se llevarían a cabo en sedes judiciales, de las que la mayoría de los municipios no disponen.

Por todo esto, hay un amplio consenso en blindar la figura de los juzgados de paz y rechazar la eliminación de esta instancia judicial, que entre sus tareas más destacadas ejerce la mediación en los conflictos vecinales.

Por todo lo expuesto, el Grupo Provincial Popular, somete a la consideración de este Pleno, la aprobación del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Rechazar la eliminación de los juzgados de paz y defender su permanencia en los municipios por la importante labor activa de mediación que ejercen.

SEGUNDO: Reivindicar la relevante función de justicia de proximidad que ejercen en el ámbito municipal, que evita la demora de en la solución de los conflictos vecinales y agiliza y aligera la propia administración de justicia.

TERCERO: Instar a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado a rechazar la eliminación de los juzgados de paz de este proyecto de ley.

En Valladolid, a 25 de julio de 2022

 

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada con 15 votos a favor (PP, Cs y VOX) y 11 votos en contra (PSOE y TLP).

El Grupo Provincial Popular pedirá en Pleno al Gobierno de España que establezca un PLAN DE MEDIDAS URGENTES Y EXTRAORDINARIAS EN DEFENSA DE LAS FAMILIAS Y LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 24 de junio de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A ESTABLECER UN PLAN DE MEDIDAS URGENTES Y EXTRAORDINARIAS EN DEFENSA DE LAS FAMILIAS Y LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Las políticas económicas que viene desplegando el Gobierno de PSOE-Podemos desde finales del año 2018 no están sirviendo a España para converger en desarrollo socioeconómico con la media de la UE, de hecho, los indicadores evidencian un retraso en la salida de la crisis, y muestran un agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos que sitúan las finanzas públicas en una posición cada vez más vulnerable.

A su vez en 2019 se evidenció un empeoramiento de los desequilibrios en las cuentas públicas españolas, rompiendo la tendencia de reducción del déficit iniciada en 2013. De esta forma se registró un déficit del -3,06% del PIB.

En 2020 año de irrupción del COVID la economía cayó un –10,8%, una caída 4 puntos porcentuales mayor que la media registrada en la zona euro (-6,4%). Además, España cerró 2020 con déficit del 10,27%, el mayor entre los países de la UE que de media registró un -6,9% del PIB. La deuda pública española se posicionó en la cuarta mayor de la UE alcanzando un 120% sobre el PIB.

Mientras tanto, el gobierno ha actualizado al fin sus previsiones para 2022. Acaba de reducir la previsión de crecimiento del PIB del 7% al 4,3% más acorde con lo esperado por todos los servicios de estudios. España será el único país europeo que no habrá recuperado en 2022 el nivel económico previo a la pandemia y que solo a finales del 2023 se recuperaría la pérdida de PIB derivada de la pandemia.

La inflación se ha agravado en 2022, registrándose ya en febrero de 2022 (anterior al inicio de la invasión de Ucrania) un crecimiento de la inflación anual del 7,6%, y alarmante en marzo con un incremento anual del 9,8%, y que se mantiene en una tasa del 8,4% en el mes de abril, impulsando un incremento en la recaudación que está registrando máximos históricos como ya quedó evidenciada con los datos de recaudación de 2021.

En este punto, y en base a las estadísticas de recaudación hay margen para actuar sin afectar la financiación de los servicios públicos fundamentales, utilizando el margen de entre 7.500 y 10.000 millones de euros de sobre-recaudación, que puede verse ampliado si continúa el aumento de la inflación.

De otra parte, el diseño unilateral del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia por parte del Gobierno de la Nación, sin contar de manera real y efectiva con los agentes económicos, ni con el resto de las administraciones territoriales está poniendo en peligro el aprovechamiento de esta oportunidad histórica de transformación económica.

Por todo ello, el Grupo Provincial Popular somete a la consideración de este Pleno la aprobación de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICA. - Instar al Gobierno de España a:

1. Diseñar un Plan Nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales, que permita un ahorro y racionalización del gasto.

2. Mejorar el diseño del Plan Recuperación Transformación y Resiliencia para hacerlo más ágil de manera que la financiación llegue a las empresas y familias de forma inmediata y para que las reformas sean transformadoras.

3.  Iniciar la implementación de un paquete de reformas estructurales para incentivar la actividad económica.

4. Realizar una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal sobre los sectores más afectados por la inflación, y para rentas bajas y medias cuantificada en una horquilla de entre 7.500 y 10.000 millones de euros que contemple como posibles medidas a adoptar, deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos, aprobar para autónomos y profesionales la reducción de la tributación en estimación objetiva en IRPF (módulos) y del régimen simplificado en IVA y régimen especial de recargo de equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes o bajar de manera temporal el IVA del gas y la electricidad del 10% al 5%, e impulsar la rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos.

En Valladolid, a 21 de junio de 2022

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada con 14 votos a favor (PP y Cs), 11 votos en contra (PSOE y TLP) y una abstención (VOX).

El Grupo Popular de la Diputación exige, con una proposición en el Pleno de abril de 2022, al Gobierno de España que no lleve a cabo la armonización fiscal y que baje los impuestos a los españoles

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 22 de abril de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE NO LLEVE A CABO LA DENOMINADA ARMONIZACIÓN FISCAL Y QUE BAJE LOS IMPUESTOS QUE SOPORTAN LOS ESPAÑOLES

La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas queda claramente establecida en el artículo 156.1 de la Carta Magna que literalmente establece que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.

Esa autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Un modelo y una autonomía financiera reconocida en la Constitución que el PSOE, Podemos y sus socios pretenden eliminar porque deja en evidencia su nula capacidad de gestión y su demagógico discurso de que son necesarios impuestos altos para mantener los servicios públicos.

Puesto que la realidad ha demostrado por la vía de los hechos lo contrario. Que bajando impuestos se permite reactivar la economía, mejorar la recaudación fiscal y se puede seguir siendo solidario, como establece la Constitución, con el resto de las autonomías y es la mejor forma de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos y garantizar así la sostenibilidad del estado de bienestar.

Extremadura, Cantabria o Castilla-La Mancha también han establecido las mismas bonificaciones y rebajas fiscales que Madrid, Andalucía, Castilla León, Murcia o Galicia en impuestos como el de Sucesiones y Donaciones puesto que, en virtud de nuestro ordenamiento jurídico el gobierno de cada comunidad autónoma puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos siempre que observe el principio de solidaridad entre todos los españoles.

A pesar de estos ejemplos, desde hace varios años tanto el Presidente del Gobierno como su Ministra de Hacienda, llevan amenazando a las CC. AA., especialmente a las gobernadas por el Partido Popular, con la “armonización” (“subida”) fiscal y por ello, crearon un grupo de expertos para que elaborasen un “informe-coartada” para llevarla a cabo.

Dicho comité de expertos presentó sus conclusiones el pasado 3 de marzo, que se resumen en animar al Gobierno a continuar con su “hachazo fiscal” a los españoles.

Un “hachazo fiscal” iniciado con diferentes medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado como las subidas del impuesto de matriculación, sociedades, la reducción de los beneficios fiscales de los planes de pensiones…

Unas subidas que se unen a las provocadas por el espectacular incremento de la inflación -previo a la invasión de Ucrania por Rusia- ya que el gobierno no ha querido adaptar los impuestos a esta subida lo que supondrá que, solo en el IRPF, cada contribuyente pagará entre 80 y 204 euros más.

Y a las que se sumarán las propuestas realizadas por el comité de expertos de Sánchez y Montero que proponen armonizar, es decir, subir los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones; limitar las exenciones, deducciones o reducciones en el IRPF; aumentar los denominados impuestos verdes, ente otras muchas propuestas que se resumen en una sola: subida de impuestos generalizada.

Para evitar esta injerencia y proteger la autonomía financiera de las autonomías españolas recogida en la Constitución frente a cualquier acto en contra que pueda venir del Gobierno de Pedro Sánchez, de otras CC. AA. o por actos bilaterales del Estado, como los acuerdos con los independentistas catalanes, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Exigir al gobierno de España que no lleve a cabo la denominada armonización fiscal, que no es más que una subida de impuestos encubierta.

SEGUNDO.- Instar al gobierno de España a que siga el ejemplo de otros países europeos como Portugal, Alemania, Francia o Italia que en los últimos años han puesto en marcha sucesivas rebajas de impuestos para apoyar a las clases medias de sus países e impulsar la recuperación de sus economías.

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a la Sra. Ministra de Hacienda y Función Pública, a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso y Senado y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En Valladolid, a 19 de abril de 2022

 

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

 

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Resultado de la votaciónLa proposición ha sido aprobada por 14 votos a favor (PP y CS), 11 votos en contra (PSOE y TLP) y 1 abstención (VOX).

El Grupo Provincial Popular insta al Gobierno de España a que, de forma inmediata, adopte las medidas fiscales y económicas necesarias para paliar el incremento desorbitado de los precios de los combustibles, energía eléctrica y la continua subida del I.P.C.

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 25 de marzo de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE, DE FORMA INMEDIATA, ADOPTE LAS MEDIDAS FISCALES Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA PALIAR EL INCREMENTO DESORBITADO DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CONTINUA SUBIDA DEL I.P.C.

La situación de las familias, autónomos y empresas se está haciendo insostenible en los últimos meses, como consecuencia de la continua subida de los precios de los combustibles, la electricidad y en general de todos los productos básicos, que se ha traducido en un grave crecimiento del I.P.C. en los últimos meses:

  • OCTUBRE 2021             5,40%
  • NOVIEMBRE 2021         5,61%
  • DICIEMBRE 2021           6,55%
  • ENERO 2022                  6,13%
  • FEBRERO 2022             7,62%

El precio de la energía eléctrica en el año 2021 se ha incrementado en más de un 250%, pasando de pagarse en enero de 2021 a 70,29 € el megavatio-hora a pagarse a 252,24 € en diciembre de ese mismo año.

El precio del gas también se ha visto disparado a lo largo del año 2021 y si en Enero de ese año el precio del megavatio-hora era de 27,31 €, en diciembre del mismo año se pagaba a 112,20 € el kilovatio-hora, con un incremento del 350%.

El precio de los carburantes a lo largo del año 2021 también ha experimentado un crecimiento constante e imparable. El gasóleo-A paso de costar 1,07 €/litro en enero de 2021 a costar 1,40 €/litro en diciembre del mismo año, con un incremento del 32% y el gasóleo-B evolucionó de 0,58 €/litro a 0,85 €/litro con un incremento del 46%.

Es intolerable que, ante esta situación, que está poniendo en serios apuros a muchas familias y obligando al cierre de muchos autónomos y empresas con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo, el Gobierno de España mire para otro lado y diga que las medidas que se tengan que tomar, se estudiaran de forma tranquila y sosegada en los correspondientes grupos sectoriales que se creen.

El Sr. Sánchez demuestra que se encuentra muy tranquilo y encantado con esta situación, tal vez porque sabe que el único beneficiado de ella, es su gobierno que ve como, consecuencia de este incremento disparatado de los precios, los ingresos por I.V.A., Impuestos Especiales o de Hidrocarburos se multiplican en la misma proporción que los precios y de esta forma puede seguir disparando el gasto público, incrementando la deuda del Estado e hipotecando el futuro de las nuevas generaciones.

No se puede entender que, en esta situación de estanflación, el gobierno esté pensando en cómo nos incrementa los impuestos bajo la excusa de un informe de su Comité de Experto.

Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

Instar al Gobierno de España a que, de forma urgente, adopte las medidas fiscales y económicas necesarias para paliar las graves consecuencias que, para las familias, autónomos y empresas de este país, está ocasionando la desproporcionada subida de precios de los combustibles, la electricidad y los productos básicos durante el último año.

En Valladolid, a 21 de febrero de 2022

 

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la votación (Pleno de 25 de marzo de 2022): La proposición ha sido aprobada por 14 votos a favor (13 de PP y 1 de Cs) y 11 abstenciones (10 de PSOE y 1 de TLP).

 

El grupo provincial Popular insta a la CHD, con una proposición en el pleno, a que considere las alegaciones al Plan Hidrológico del Duero 2022-2027

El Diputado Popular Fernando Esteban
Velasco defendiendo nuestra proposición.

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 25 de febrero de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:

INSTAR A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO A QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO PARA EL PERIODO 2022-2027 DE FORMA CONJUNTA POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID, OPAS, COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS, COMUNIDADES DE REGANTES Y OTRAS ENTIDADES

El pasado 22 de junio de 2021, se publicó en el BOE el anuncio de la Dirección General del Agua, por el que se iniciaba el periodo de consulta pública del documento “Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico, referido al proceso de revisión correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Duero, estableciendo un plazo de seis meses para consultar los documentos y presentación de aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al Órgano de Cuenca respectivo.

En dicho plazo, finalizado el pasado 22 de diciembre de 2021, se han presentado cerca de 1.500 alegaciones al mencionado Plan Hidrológico, entre ellas, las presentadas conjuntamente por La Diputación Provincial de Valladolid, El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León, UCCL, ASAJA, COAG, URCACYL, distintas Comunidades de Regantes y Mancomunidades de la Provincia.

En este escrito de alegaciones, entre otras cuestiones, se pone de manifiesto que el Borrador del Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022/2027, no da solución al problema del reto demográfico y la despoblación en el mundo rural, no presenta un equilibrio entre objetivos sociales y económicos con criterios ambientales que garantice el desarrollo de la actividad agrícola y del regadío y no recoge futuras inversiones en el sector rural y carece de medidas ambiciosas de optimización e investigación de nuevas fuentes y recursos hídricos.

En base a estas consideraciones se presentan un total de 14 alegaciones al documento de Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico, que tienen por finalidad intentar conseguir un equilibrio, garantizando el desarrollo de la actividad agraria y la defensa del medio natural.

En este mismo sentido, el 20 de diciembre de 2021, se firmó un acuerdo por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla y León, ocho de las nueve Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma, URCACYL y FerDuero, en el que manifestaban su desacuerdo con el contenido del Proyecto de Plan Hidrológico del Duero y en base a una serie de consideraciones, acordaban una serie de alegaciones que se deberían de tener en cuenta en la elaboración del mencionado Plan Hidrológico.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Duero, a que tome en consideración las alegaciones, que de forma conjunta han presentado la Diputación Provincial de Valladolid, las Organizaciones Profesionales Agrarias, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León, Comunidades de Regantes y Mancomunidades de la Provincia, al Proyecto de Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022/2027 y se recojan en dicho Plan las medidas planteadas en el escrito de alegaciones.

SEGUNDO.- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que trabaje y adopte medidas que garanticen el futuro de la actividad agrícola-ganadera y favorezcan el desarrollo del mundo rural, como mejor forma de luchar contra la despoblación en nuestros pueblos.

En Valladolid, a 21 de febrero de 2022

Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Resultado de la votación: La proposición del PP ha sido aprobada con los votos de PP, Cs y VOX, y las abstenciones de PSOE y TLP.

El grupo provincial Popular exige al presidente del gobierno de España el cese inmediato del ministro de consumo por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico español

Valladolid, a 21 de enero de 2022. La proposición ha sido aprobada en el Pleno de Enero de 2022 con los votos a favor de PP, Cs y VOX, y los votos en contra de PSOE y TLP.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN
 
D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 21 de enero de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN:
 
PARA EXIGIR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EL CESE INMEDIATO DEL MINISTRO DE CONSUMO POR SUS ATAQUES A LA GANADERÍA Y AL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL
 
Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 2020-2021, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria cárnica es la tercera en cuanto a número de empresas que lo integran: 3.641 empresas, el 11,9% del total de empresas que conforman la Industria Alimentaria Española.
 
A este respecto hay que indicar que, según el referido informe publicado por el Gobierno de España, el 67% de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores (y el 92,7% no alcanza los 50 empleados). Es decir, esta industria está formada predominantemente por pequeñas explotaciones ganaderas de tipo familiar que ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a fijar población en el mundo rural.
En 2020 aportó casi 9.000 millones de euros de exportaciones a la balanza comercial de España contribuyendo a reducir el tradicional déficit comercial de nuestro país.
 
Si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al bienestar animal, la producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial; el 80% de las cuales se producen en países en vías de desarrollo.
 
Como prueba de que la industria cárnica española está firmemente comprometida en la defensa del bienestar animal, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) -la mayoritaria en el sector- adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de videovigilancia en mataderos, con objeto de supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar animal en los establecimientos de sacrificio.
Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para el desarrollo de la legislación correspondiente.
 
Además, este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y seguridad y calidad alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el competente en la materia y que traspone las directivas que sobre estos aspectos se elaboran en la Unión Europea.
 
Frente a estos datos, Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Reino de España no ha dudado en afirmar, en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, que España exportaba carne de mala calidad procedente de animales maltratados.
 
Unas declaraciones que como hemos podido ver, revisando los datos publicados por el propio gobierno, son rotundamente falsas y demuestran o la profunda ignorancia de este miembro del gabinete o su abismal sectarismo o ambas cosas a la vez. 
 
En todo caso, no es la primera vez que Alberto Garzón ataca a una de las industrias alimentarias más importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años adaptándose a los nuevos estándares de sostenibilidad ambientes, bienestar animal y calidad alimentaria, que da trabajo a cientos de miles de españoles y es una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación.
 
No es la primera vez ni es el único sector productivo español atacado por el Ministro de Consumo, ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido centro de las críticas y ataques por parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos y si observa margen de mejora poner en marchas medidas, desde su departamento o conjuntamente con otros ministerios.
 
Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
 
PRIMERO.- Exigir al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el Ministro de Consumo y el cese de éste, por sus reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal.
 
SEGUNDO.- Exigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en la materia, que, con los datos de que dispone, desmienta inmediatamente las afirmaciones de su compañero de gabinete y ponga en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad.
 
TERCERO.- Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles, así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos, para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a las nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de bienestar animal y calidad y seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de calidad en dichas materias.
 
En Valladolid, a 17 de enero de 2022
 
 
Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR
 
 
Resultado de la votación
La proposición ha sido aprobada en el Pleno de Enero de 2022 con los votos a favor de PP, Cs y VOX, y los votos en contra de PSOE y TLP.

El Grupo Provincial Popular solicita en el Pleno de la Diputación recuperar la financiación, por parte del Estado y de la Comunidad Autónoma, a los Planes Provinciales de Cooperación

   La diputada Myriam Martín Frutos defiende la proposición en el Pleno 
 

Texto de la proposición

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 22 de octubre de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:

PARA RECUPERAR LA FINANCIACIÓN, POR PARTE DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, A LOS PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN

La Diputación Provincial de Valladolid, cumpliendo una de las competencias propias establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local, convoca de forma periódica los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración participan los municipios de la provincia a través de la convocatoria pública que establece los criterios de elaboración y distribución de fondos.

Desde el año 2012, estos Planes solo se han financiado con fondos propios de Diputación y aportaciones municipales.

La Diputación de Valladolid ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para invertir más de 120 millones de euros en los Planes Provinciales en nuestros pueblos desde entonces, habiendo conseguido además reducir las aportaciones de los ayuntamientos, pero es necesaria “más sensibilidad hacia los habitantes del mundo rural” y mayores inversiones en los pueblos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

Instar al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León a cofinanciar los Planes Provinciales de Cooperación y a la inclusión de las partidas correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Castilla y León del año 2022.

En Valladolid, a 19 de octubre de 2021

Fdo.: Agapito Hernández Negro

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

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Descargar la proposición en formato PDF

Resultado de la Votación: La proposición del grupo Popular defendida por la diputada Myriam Martín Frutos, ha sido aprobada en el Pleno Ordinario de 22  de octubre de 2021 por UNANIMIDAD de todos los grupos.

Proposición del PP para el Pleno de septiembre de 2021 en defensa de la recuperación de un servicio público sanitario en el medio rural, de calidad y presencial

Nuestro portavoz, Agapito Hernández, defiende la proposición
D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 23 de septiembre de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:
 
EN DEFENSA DE LA RECUPERACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO SANITARIO EN EL MEDIO RURAL, DE CALIDAD Y PRESENCIAL
 
La pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a asumir importantes cambios en nuestras vidas y también en la forma de prestar los servicios básicos por parte de las administraciones competentes, haciendo que la mayor parte de los centros de salud y consultorios rurales hayan permanecido cerrados por criterios de seguridad sanitaria.
 
Estas decisiones organizativas que las autoridades sanitarias se han visto obligadas a tomar en los momentos más duros de la pandemia, han generado malestar entre nuestros convecinos, malestar que como suele ser frecuente, hacían llegar a los alcaldes, los cuales en muchas ocasiones a lo largo de estos dos últimos años, han trasladado dichas reivindicaciones a esta Institución, solicitando nuestra intermediación para conseguir que los consultorios de nuestros pueblos abrieran de nuevo sus puertas y se volviera a prestar una atención sanitaria presencial en los mismos.
 
Somos conscientes de que los recursos son limitados, pero uno de los pilares básicos de la vida en cualquier pueblo es poder acceder al personal sanitario periódicamente, teniendo en cuenta que la población está muy envejecida y que su pervivencia en el medio rural se asienta en que el servicio sanitario esté lo más cerca posible de sus domicilios. Por ello, en momentos de dificultad, lo primero es marcar prioridades y es evidente que la asistencia sanitaria debe de ocupar el primero o uno de los primeros puestos en ese ranking de prioridades.
 
Si de los planes contra la despoblación eliminamos la variable de los servicios sanitarios para trasladarlos a grandes municipios y capitales, los vecinos de nuestros pueblos se tendrán que trasladar en pos de obtener dichos servicios, lo que no abundará en beneficio de corregir el grave problema de la despoblación que padece nuestra tierra.
 
Somos igualmente conscientes de que el pilar básico de una buena atención sanitaria radica en la disponibilidad de recursos humanos y técnicos suficientes, y que en este campo se deben de dar pasos importantes. 
 
Por todo ello se somete a la consideración de este Pleno la adopción el siguientes ACUERDOS:
 
1º.- Instar a Junta de Castilla y León a la apertura de todos los centros de salud y consultorios rurales de la provincia de Valladolid, garantizando una atención presencial en todos nuestros municipios, y buscando el consenso en cualquier decisión organizativa sanitaria que se tome en el futuro.
 
2º.- Instar a la Junta de Castilla y León a que dote de los mejores medios técnicos y humanos para mantener la calidad de un servicio público esencial como es el sanitario.
 
3º.- Instar al Gobierno de España a tomar las medidas necesarias para facilitar que pueda atenderse de forma suficiente la demanda de profesionales de la sanidad, garantizando que se mantenga la cualificación y preparación de dicho colectivo.
 
4º.- Instar al Gobierno de España a aumentar el cupo del MIR en nuestra región, previendo la mayor demanda de facultativos que se producirá en los próximos años, debido a las jubilaciones de muchos profesionales.
 
En Valladolid, a 20 de septiembre de 2021
 
Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR
 
Resultado de la votación:
  • Los puntos 1 y 2, con modificación han sido aprobados por 24 votos a favor (PP, PSOE y VOX) y 1 abstención (Cs).
  • Los Puntos 3 y 4 han sido aprobados por 13 votos a favor (P) y 12 abstenciones (PSOE, Cs y VOX).

El Grupo Provincial Popular exige al Gobierno de España el acceso a Internet de al menos 100 Mbps y cobertura 5G de telefonía móvil para todos los municipios de la provincia de Valladolid

Valladolid, 21 de julio de 2021.- La proposición ha sido aprobada por 17 votos a favor (PP, Cs, TLP y VOX) y 10 votos en contra del PSOE.

D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 21 de julio de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:

EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA EL ACCESO A INTERNET DE AL MENOS 100 MBPS Y COBERTURA 5G DE TELEFONÍA MÓVIL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID

Internet ya no es sólo un fenómeno vinculado a la comunicación, sino que constituye la realidad más cotidiana, pues la sociedad actual vive conectada y utiliza internet en su puesto de trabajo, en su tiempo de ocio, para comunicarse, como herramienta de educación, como fuente de información y de relación para casi todo, por lo que la sociedad moderna no puede entenderse sin internet.

Gracias a Internet se pueden conocer las realidades del más recóndito lugar del Planeta, que nos conozcan a nosotros, trabajar sin salir de casa, pedir una cita médica o buscar un trabajo.

A pesar de que Internet es una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad y para el futuro del mundo rural, nos encontramos con que numerosos municipios de la Provincia viven ajenos a esa realidad porque las operadoras no llegan a los núcleos de menor población con la banda ancha, motivo por el cual la Diputación Provincial de Valladolid, sin tener competencia en este ámbito, ha elaborado un Plan Director y ha dotado presupuestariamente una partida importante con el fin de, en estrecha colaboración con las Administraciones competentes, hacer realidad esta necesidad de nuestros pueblos.

La Agenda Digital Europea en el año 2.020 ya marcaba que el 100% de la población debería tener un acceso a Internet de al menos 30 Mbps.

Recientemente, en marzo de 2021 la Comisión Europea ha presentado  la Brújula Digital de la UE para 2030, basada en cuatro puntos cardinales: ciudadanía con capacidades digitales y profesionales del sector digital, infraestructuras digitales seguras, eficaces y sostenibles, transformación digital de las empresas y digitalización de los servicios, públicos, responde a la petición del Consejo Europeo de una hoja de ruta en este sentido y se basa en la estrategia digital de la UE antes mencionada.

Es necesario recordar que cuando el gobierno del PSOE licitó en 2011 el llamado “dividendo digital”, las frecuencias de la banda de 800 megahercios que usaba la TDT y que fueron adquiridas por las tres principales operadoras para ofrecer servicio 4G, se incluyó en el Decreto que regulaba la subasta, la obligación de garantizar una cobertura plural para quien adquiriese las frecuencias, de forma que estas tres operadoras asumieron el compromiso de ofrecer cobertura de banda ancha al medio rural, que evidentemente no se ha cumplido.

En julio del año pasado, el Sr. Sánchez presentó la estrategia España Digital 2025, y entre las 50 medidas anunciadas garantiza una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025, y que ese mismo año el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G.

Estamos en el año 2021, el PSOE lleva tres años en el Gobierno de España y esos compromisos siguen sin cumplirse, afectando ese incumplimiento fundamentalmente al medio rural, privándole de un elemento fundamental para garantizar el desarrollo de los pueblos y la fijación de población y actividad económica. 

Por todo ello se somete a la consideración de este pleno la adopción el siguientes ACUERDOS:

1º.- Instar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que facilite información a la Diputación de Valladolid y a los Ayuntamientos de la provincia de Valladolid sobre el estado de implantación de la banda ancha, fibra óptica y cobertura móvil 4G y 5G en sus municipios de cara al cumplimiento de la Agenda Digital Europea. 

2º.- Exigir al Gobierno de España el cumplimiento de los plazos establecidos en las acciones a ejecutar y objetivos a lograr de la Agenda Digital Europea 2020 y su propia estrategia España Digital 2025.

En Valladolid, a 15 de Julio de 2021


Fdo.: Agapito Hernández Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR

 

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