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21

jun

2017

La Diputación de Valladolid incrementa sus acciones contra la exclusión social de la mano de Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos

•Jesús Julio Carnero señala que “es verdad que la situación general ha mejorado, pero en el camino se están quedando muchas personas y familias, los más frágiles de nuestra sociedad, que necesitan aún más de nuestra ayuda”.
•La Diputación de Valladolid ha atendido en 2016 a más de 2.700 personas a través de las diferentes líneas de lucha contra la exclusión social, y destinará a tal fin en 2017 un presupuesto de 630.000 euros, un 460,92 más que en 2012.

(VALLADOLID, 21 DE JUNIO DE 2017).- El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha firmado hoy la renovación de los convenios de lucha contra la exclusión social que la Institución provincial suscribe anualmente con Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Banco de Alimentos. Los convenios han sido ratificados por el director de Cáritas Valladolid, Jesús García Gallo, el presidente provincial de Cruz Roja, Eduardo Sánchez Arribas, y por el presidente de la Fundación Banco de Alimentos, Jesús Mediavilla.

Jesús Julio Carnero ha destacado que “es verdad que la situación general ha mejorado, pero en el camino se están quedando muchas personas y familias, los más frágiles de nuestra sociedad, que necesitan aún más de nuestra ayuda. Sin duda, garantizar la calidad de vida de las personas que viven en nuestros pueblos ha marcado nuestra agenda política del Equipo de Gobierno de la Diputación de Valladolid desde el primer momento y lo va a seguir haciendo”.

Para ello el presidente de la Diputación de Valladolid ha señalado que “seguiremos trabajando, como siempre, en una doble dirección. Por un lado, apostando por el desarrollo económico y la creación de empleo, una línea en la que la pasada semana dábamos un paso importante con la firma del Acuerdo del Diálogo Social y que, sin duda, es una de las mejores medidas de prevención de las situaciones de vulnerabilidad. Y por otro lado, consolidando las políticas sociales y dando respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables, línea de actuación en la que se enmarcan los convenios que renovamos hoy y que venimos firmando desde el año 2013”.

Jesús Julio Carnero ha destacado “el importante esfuerzo que estamos realizando para reforzar la inclusión social de las personas más vulnerables. En este sentido, hemos incrementado el presupuesto destinado a este programa en un 460,92%, pasando de 112.315,20 euros en 2012 a los 630.000 de 2017. Ello nos ha permitido atender un mayor número de beneficiarios, con un incremento del 134,37%, al pasar de 1.152 personas en 2012 a más de 2.700 personas en 2016”.

Todo ello teniendo en cuenta que, además, “hemos mejorado la atención tras la puesta en marcha, en octubre de 2015, del Equipo de Inclusión Social (EDIS) que nos ha dotado de  una estructura y una metodología de intervención más eficaz en la atención integral de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, de riesgo o de exclusión social”.

Como ha señalado Jesús Julio Carnero, “en esa lucha no estamos solos, contamos con la inestimable ayuda de las organizaciones y de las personas que componen el Tercer Sector de Acción Social, y por ello los convenios con Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos forman parte de las acciones directas que estamos desarrollando para asegurar que las personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestra provincia tengan los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas e integrarse en nuestra sociedad”.

CONVENIOS CÁRITAS Y CRUZ ROJA

Los Convenios con Cáritas y Cruz Roja se iniciaron en 2013, con un programa de ayudas destinadas al alquiler de vivienda para colectivos en especial situación de vulnerabilidad, pero en la actualidad incluye otros programas de inclusión social que amplían tanto el abanico de posibles beneficiarios como el objeto de las ayudas.

Así, en la actualidad,  además de las personas individuales o unidades familiares que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de cuotas hipotecarias o del alquiler concertado, el programa atiende también a las personas y unidades familiares que han llegado a España con motivo de la crisis humanitaria producida por el conflicto bélico en Siria que tengan el estatus de Solicitante de Asilo y/o de Refugiado dentro del programa de acogida puesto en marcha por la Unión Europea. Junto a ellas, y como novedad del pasado año, atiende  a las mujeres víctimas de violencia machista.

En total, este año se han concedido 15 ayudas de alquiler de viviendas, 11 a través de Cáritas y 4 a través de Cruz Roja. De ellas, 3 corresponden a mujeres víctimas de violencia de género. Ello supone que, pese a que en 2015  se aligeraron los requisitos de renta con el objetivo de llegar a más familias que en los años anteriores, incrementando el umbral de renta de las unidades familiares que pueden acogerse a las ayudas, éstas se han ido reduciendo (24 en 2014,  a 16 en 2015, 15 en 2016).

Asimismo, se estableció una línea complementaria destinada a acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad social, que ha permitido realizar 9 cursos de formación en los que han participado 103 personas. Los cursos han abordado cuestiones como cocina, costura, alfabetización, habilidades sociales o aprendizaje del español, y se han desarrollado en Casasola de Arión, Villalar de los Comuneros, Tudela de Duero, Cigales, Nava del Rey, Tordesillas, Íscar, Mojados y Valladolid capital.

Para 2017 está previsto llevar a cabo cursos de formación en operaciones básicas en restaurante – bar,  limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, habilidades sociales centradas en la búsqueda de empleo y aprendizaje del español, y se desarrollarán en Peñafiel, Medina del Campo, Laguna de Duero, Bolaños de Campos y Valladolid capital. Además, se está estudiando la posibilidad de nuevos cursos, como el de carretillero o el de alfabetización digital.

Por último, en los convenios de este año se incorpora también el programa de apoyo a las necesidades básicas de los escolares durante los periodos vacacionales escolares a través de una solución mucho más normalizadora como es un sistema de tarjetas de compra, cheques y vales, distribuidos por Caritas y Cruz Roja, que permite a las familias pueden adquirir los alimentos necesarios directamente en las cadenas de alimentación. Mediante este sistema, la Diputación de Valladolid atendió en Navidad a 103 menores y a 86 en Semana Santa.

REQUISITOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Los requisitos que deben reunir los beneficiarios son los mismos que en anteriores convocatorias para las ayudas destinadas a personas o familias desalojadas de su vivienda habitual por el impago de cuotas hipotecarias o del alquiler concertado, no pudiendo beneficiarse de las mismas quienes se hayan beneficiado en años anteriores.

En el caso de las personas o familias que lleguen a España con motivo de la crisis humanitaria producida por el conflicto bélico en Siria, deben acreditar su estatus de asilo y/o refugiado y haber entrado en España en el marco del Programa establecido con la Agenda Europea de Migración.

Por su parte, para las mujeres que ostenten la condición de mujer víctima de violencia machista se incrementa en un 50% el umbral de ingresos con respecto a los beneficiarios por impago de cuotas hipotecarias o alquiler, y además tiene que existir orden de protección o, en su defecto, informe de los Servicios Sociales.

Se mantienen dos tipos de ayudas: el 100% del precio del alquiler por un periodo de hasta 6 meses, o bien, el 50% del precio del alquiler para un periodo de hasta 12 meses. Excepcionalmente, se podrán ampliar las ayudas a 3 y 6 meses más, respectivamente. El importe mensual a abonar será el del coste del alquiler y, en todo caso, un máximo de 400 euros al mes. La vivienda a ocupar tiene que estar ubicada en un municipio de la provincia de Valladolid, excluida la capital. A estos dos convenios se destinan 120.000 euros (60.000 euros para cada entidad).

CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS

En este caso se da continuidad a la colaboración iniciada en 2014 con la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, con una aportación por parte de la Diputación de Valladolid que se incrementa hasta los 70.000 euros, con un crecimiento del 16,66% con respecto al pasado año.

En este caso, la ayuda está destinada a atender los gastos corrientes necesarios para la recogida, selección, almacenamiento y distribución de alimentos a través de más de setenta entidades, que en el año 2016 llegaron a un total de 4.681 beneficiarios en la provincia de Valladolid.

Asimismo, se incluyen aquellos gastos necesarios para la adquisición de los alimentos de los que presentan un déficit, por existir una mayor demanda por parte de las familias usuarias, principalmente alimentos frescos.

El pasado año el Banco de Alimentos distribuyó casi 3 millones de kilogramos de alimentos llegando a 4.681 personas a través de 59 entidades ubicadas en municipios de la provincia distintos de la capital.  

LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID, CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Jesús Julio Carnero ha insistido en que “la lucha contra la exclusión social es una de las señas de identidad de este mandato. A ello hemos dedicado importantes esfuerzos intentando dar una respuesta adecuada a los más frágiles de nuestra sociedad, a los que peor lo están pasando. Y lo hemos hecho bien a través de acciones que desarrollamos de manera directa desde la propia Diputación de Valladolid, bien a través de la colaboración con otras Administraciones Públicas”.

Además de los convenios suscritos hoy, la Diputación de Valladolid mantiene otra serie de actuaciones entre las que destacan las Ayudas de Emergencia Social de Carácter General. En 2016 se concedieron un total de 416 ayudas sobre 502 solicitudes presentadas, es decir, se atendieron el 82,70 de las solicitudes, destinando a este fin 173.676,38 euros, con una ayuda media de 417, 48 euros. De ellas destacan las 84 ayudas dirigidas al pago de alquileres de vivienda, que han supuesto un importe total de 54.653,01 euros. Le siguen las 67 ayudas prestadas para alimentación (29.642,82 euros) y las 44 ayudas para la atención de cuidados personales esenciales (9.600 euros). Asimismo, en 2016 se han concedido 21 ayudas para el pago de hipotecas (más de 19.000 euros), de las que 12 tuvieron como destino familias derivadas desde el Servicio de Interlocución y Mediación Hipotecaria para personas en riesgo de desahucio.

Por otro lado, en 2016 se han concedido 16 ayudas destinadas a atender las emergencias sociales relativas a la alimentación infantil, tanto con el objetivo de reforzar la lucha contra la malnutrición infantil como de posibilitar, incluso, el pago de comedor escolar. El importe total destinado a tal fin es de 3.998 euros, con una media de 285,57 euros por familia. Esta línea se vio reforzada con el servicio de comida a domicilio en las vacaciones de Semana Santa y Verano, en las que se prestaron más de 10.300 servicios a 146 menores de 75 familias. Desde la Navidad del pasado año este sistema se ha sustituido por las tarjetas para la compra de alimentos para lo que se facilitaron 58 tarjetas con destino a 103 menores

Por lo que se refiera a las Ayudas de Emergencia Social para material didáctico, en 2016 se han atendido 13 solicitudes que han permitido llegar a un total de 20 menores en edad escolar. El  importe total de las ayudas fue de 1.869,89 euros, y la ayuda media en este concepto se sitúa en 143,84 euros. Esta línea se ve reforzada unas ayudas de 30.000 euros destinadas a las AMPAS de la provincia  para la adquisición de material didáctico en los centros educativos.

Asimismo, en materia de pobreza energética, línea específica puesta en marcha en 2014 en apoyo a las familias más vulnerables de la provincia. En principio la partida destinada era de 30.000 euros, pero ha sido necesario suplementarla hasta los 37.018,58 euros para atender a 143 familias, con una ayuda media de 258,87 euros. En lo que va de año, con el mismo presupuesto inicial, se han atendido ya 66 solicitudes, con un importe total de 17.018,97 euros. En 12 de esas ayudas, la Diputación de Valladolid ha intervenido con las empresas suministradoras para evitar el corte de suministro. 

OTRAS ACCIONES DIRECTAS

Asimismo, en 2015 se concedieron 33 ayudas a estudiantes universitarios de nuestro mundo rural, con el fin de compensar sus gastos de desplazamiento, residencia, matrícula y material didáctico, evitando que tengan que dejar sus estudios por causas económicas.

En este apartado se incluyen también los convenios que permiten la integración de colectivos tradicionalmente marginados: con la Fundación Secretariado Gitano para la promoción de actividades entre la población gitana de nuestra provincia (52 personas en 2016); con el Ayuntamiento de Peñafiel para el desarrollo de programas orientados a modificar conductas discriminatorias y de integración social y cultural (668 personas en 2016); con Cáritas, el Ayuntamiento de Mayorga y la Fundación Patronato San Lázaro para la gestión del albergue-vivienda de indomiciliados (139 personas); y, finalmente, el contrato de mediación cultural para resolver los problemas que surgen en las intervenciones de los servicios sociales básicos prestados por la red de CEAS con la población inmigrante (89 intervenciones).

Por último, el pasado año se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes para la atención bucodental de pacientes en los umbrales fijados en la normativa de ayudas de emergencia social que son atendidos por alumnos de grado de odontología apoyados por el profesorado de la Universidad. Un convenio que ha permitido atender el pasado año a un total de 36 pacientes. .

COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES

Junto a estas acciones directas, la Diputación de Valladolid colabora con otras Administraciones Públicas, en el desarrollo de otras actuaciones. Con la Junta de Castilla y León dicha colaboración afecta especialmente a dos ámbitos: la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio.

En relación a la Renta Garantizada de Ciudadanía, el personal de la Diputación de Valladolid ha tramitado un total de 903 expediente en 2016, lo que incluye la realización de los oportunos informes sociales y de las propuestas de resolución, además de realizar el seguimiento individualizado de las ayudas concedidas y elaborar el Plan Individualizado de Inserción.

Asimismo, la Oficina de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio de la Diputación de Valladolid ha atendido el pasado año a 88 familias. De todos esos casos, 69 eran nuevos expedientes y 19 eran casos reabiertos.

Por otro lado, en mayo del pasado año se inicia una Actuación Singular, una colaboración con la Junta de Castilla y León para la realización de valoraciones sociales por parte de los CEAS que permitan a dicha Consejería tomar decisiones con respecto a los peticionarios de alquileres sociales de viviendas públicas en régimen de alquiler dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social. Desde entonces, se han emitido 21 informes procedentes de 7 CEAS de la provincia.

Además, la Diputación de Valladolid es la única institución provincial participante en el proyecto denominado “Modelo Proactivo basado en casos para la inclusión social, PROYECTO PACT EASI-JCYL”, que lidera la Gerencia de Servicios Sociales y cuenta con la participación de los Ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid,  de la Universidad de Valladolid y de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León. El objetivo es diseñar un sistema proactivo capaz de evitar el avance de la exclusión social y, por ello, se ha adscrito al proyecto, que finaliza el 31 de octubre de 2018, al personal técnico que forma el equipo de Inclusión Social (EDIS).

 

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