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30

may

2018

La Diputación de Valladolid incrementa la ayuda al Banco de Alimentos y renueva su colaboración con Cáritas y Cruz Roja para seguir luchando contra la exclusión social en la provincia

•Jesús Julio Carnero señala que “los convenios que hoy suscribimos forman parte esencial de las acciones directas que estamos desarrollando para intentar dotar a las personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestra provincia de nuevas herramientas que les permitan encontrar una salida a su situación”.
•Los convenios suscritos superan los 200.000 euros en ayudas para el alquiler de viviendas de personas en riesgo de desahucio, mujeres víctimas de violencia de género y refugiados, para la alimentación en periodos vacacionales de escolares en situación de vulnerabilidad y para la formación destinada a mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión.
•La Diputación de Valladolid ha atendido en 2017 a más de 1.770 personas a través de las diferentes líneas de lucha contra la exclusión social, y destinará a tal fin en 2018 un presupuesto de 834.025 euros, un 651% más que en 2012.

(VIANA DE CEGA, 30 DE MAYO DE 2018).- El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha firmado hoy la renovación de los convenios de lucha contra la exclusión social que la Institución provincial suscribe anualmente con Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Banco de Alimentos. Los convenios han sido ratificados por Guenther Eduardo Boelhoff, director de Cáritas Diocesana de Valladolid, Eduardo Sánchez, presidente de Cruz Roja Provincial, y Jesús Mediavilla, presidente de la Fundación Banco de Alimentos, en un acto en el que también ha participado el alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes.

Jesús Julio Carnero ha destacado que “la lucha contra las situaciones de necesidad y de exclusión ha sido y sigue siendo una de las prioridades que nos marcamos en este mandato, con el objetivo de seguir dando respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que viven muchas personas y familias de nuestra provincia, que se ha visto agravada por la situación de crisis económica que nos ha tocado vivir y cuyas consecuencias lamentablemente siguen padeciendo todavía muchas personas”.

Para mitigar estas situaciones y contribuir a la cohesión social en nuestra provincia, así como para la eliminación de las desigualdades, el presidente de la Diputación de Valladolid ha señalado que “estamos trabajando en una doble dirección. Por un lado, apostando por el desarrollo económico y la creación de empleo, lo que sin duda es una de las mejores medidas de prevención de las situaciones de vulnerabilidad. Y por otro, consolidando las políticas sociales para dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Es en este ámbito donde se enmarcan los convenios que hoy renovamos con las tres entidades con las que venimos colaborando desde hace ya cinco años”.

DEFENSA DE LOS MÁS FRÁGILES

Jesús Julio Carnero ha destacado “el importante esfuerzo que estamos realizando para reforzar la inclusión social de las personas más vulnerables, de los más frágiles, en todos los ámbitos. Así, hemos incrementado el presupuesto destinado a este programa en un 651%, pasando de 112.315,20 euros en 2012 a los 834.025 de 2018. Ello nos ha permitido no sólo atender a un mayor número de beneficiarios, con un incremento del 55%, al pasar de 1.152 personas en 2012 a más de 1.778 personas en 2017, sino reforzando e incrementando las diferentes áreas de actuación”.

En este sentido, ha recordado que “si bien el número de peticiones de ayuda ha descendido, gracias sin duda a la mejoría de la situación económica, las personas que siguen en situación de vulnerabilidad viven una situación más cronificada, por lo que es necesario incrementar las ayudas con el fin de garantizar una mayor protección social en todos los ámbitos”.

Como ha señalado Jesús Julio Carnero, “en esa lucha no estamos solos, contamos con la inestimable ayuda de las organizaciones y de las personas que componen el Tercer Sector. Por ello, los convenios con Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos forman parte esencial de las acciones directas que estamos desarrollando para intentar dotar a las personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestra provincia de nuevas herramientas que les permitan encontrar una salida a su situación”.

En este sentido, ha recordado que “este año hemos abierto además una línea de colaboración novedosa con Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos y Fundación Real Valladolid para, bajo el lema ‘Contigo, Con el Pucela’ impulsar la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad a los últimos 10 partidos de Liga, a través de las adquisición de 51 abonos, 17 por cada una de las entidades colaboradoras, que se han encargado de la gestión de los mismos entre las personas de la provincia integrantes de unidades familiares perceptoras de ayudas de alimentación, transporte, alquiler, etc.

CONVENIOS CÁRITAS Y CRUZ ROJA

Los Convenios con Cáritas y Cruz Roja vuelven a estar dotados con 120.000 euros, 60.000 euros para cada entidad, e incorporan las diferentes líneas de actuación que se han ido desarrollando desde su inicio en 2013.

Los convenios se iniciaron con un programa de ayudas destinadas al alquiler de vivienda para las personas individuales o unidades familiares que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de cuotas hipotecarias o del alquiler concertado y se ha extendido con el paso del tiempo a favorecer la vivienda a refugiados y a mujeres víctimas de violencia de género, así como a facilitar su integración social con acciones formativas específicas.

Junto a ello, el pasado año se incorporaba el programa de apoyo a las necesidades básicas esenciales de los menores, especialmente la alimentación, durante los periodos de vacacionales escolares, del que se han beneficiado en 2017 un total de 275 menores.

Como novedad para 2018 se incluye la realización de acciones formativas dirigidas a formar a personas en situación de vulnerabilidad social para especializarlas como asistentes personales de personas con discapacidad, figura prevista en la Ley de la Dependencia y que se vislumbra con gran potencial de empleabilidad y destinadas a atender a personas con diferentes discapacidades en el medio rural.

En total, en 2017 se concedieron 15 ayudas de alquiler de viviendas, 9 a través de Cáritas y 6 a través de Cruz Roja. En cuanto a las acciones formativas, 62 personas participaron en los cuatro talleres impartidos por Cruz Roja, dos de habilidades sociales  (Medina de Rioseco y Tudela de Duero) y otros dos de español para extranjeros (Bolaños de Campos y Mojados). Por su parte, 14 personas participaron en un curso de Operaciones básicas de Cocina organizado por Cáritas, de las que 6 se han insertado en el sector de la hostelería.

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS

Los requisitos que deben reunir los beneficiarios son los mismos que en anteriores convocatorias para las ayudas destinadas a personas o familias desalojadas de su vivienda habitual por el impago de cuotas hipotecarias o del alquiler concertado, no pudiendo beneficiarse de las mismas quienes se hayan beneficiado en los años 2016 y 2017.

En el caso de las personas o familias que lleguen a España con motivo de la crisis humanitaria producida por el conflicto bélico en Siria, deben acreditar su estatus de asilo y/o refugiado y haber entrado en España en el marco del Programa establecido con la Agenda Europea de Migración.

Por su parte, para las mujeres que ostenten la condición de mujer víctima de violencia machista se incrementa en un 50% el umbral de ingresos con respecto a los beneficiarios por impago de cuotas hipotecarias o alquiler, y además tiene que existir orden de protección o, en su defecto, informe de los Servicios Sociales.

En cuanto al programa de formación los beneficiarios tendrán que ser usuarios de los servicios sociales, principalmente perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía y/o AES, o propuestos por alguna de las dos entidades firmantes.

Por último, para las unidades familiares que tengan a cargo jóvenes menores matriculados en enseñanzas obligatorias y de educación infantil, además de no superar un determinado umbral de ingresos mensuales, los jóvenes tienen que utilizar habitualmente los servicios de comedor en los centros educativos a los que asisten.

CUANTÍAS DE LAS AYUDAS

En el caso de las ayudas al alquiler, se mantienen dos tipos de ayudas: el 100% del precio del alquiler por un periodo de hasta 6 meses, o bien, el 50% del precio del alquiler para un periodo de hasta 12 meses. Excepcionalmente, se podrán ampliar las ayudas a 3 y 6 meses más, respectivamente. El importe mensual a abonar será el del coste del alquiler y, en todo caso, un máximo de 425 euros al mes, lo que supone un ligero incremento frente a los 400 euros del pasado año. La vivienda a ocupar tiene que estar ubicada en un municipio de la provincia de Valladolid, excluida la capital.

En el caso de las ayudas para gastos de alimentación infantil se concederán ayudas para cada uno de los períodos vacacionales de forma aislada: Semana Santa, verano y Navidad, y se usará como medio preferente tarjetas específicas, vales o cheques de compra.

Por último, en el caso de los beneficiarios de las ayudas a la formación, se les abonará una beca de transporte a razón de 0,19 € ó 0,10 € el kilómetro, en función de que personas de la misma localidad compartan o no vehículo para acudir a los cursos, o en su defecto, el coste del billete de autobús, tren o cualquier otro medio de transporte público necesario para asistir a la formación.

CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS

En este caso se da continuidad a la colaboración iniciada en 2014 con la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, con una aportación por parte de la Diputación de Valladolid que se incrementa hasta los 85.000 euros, con un crecimiento del 21,43% con respecto al pasado año.

En este caso, 15.000 euros irán destinados a gastos de inversión y se mantiene la cifra de 70.000 euros para atender los gastos corrientes necesarios para la recogida, selección, almacenamiento y distribución de alimentos a través de más de setenta entidades, que en el año 2017 llegaron a un total de 4.492 beneficiarios en la provincia de Valladolid.

En este sentido, la aportación realizada por la Diputación de Valladolid permitió al Banco de Alimentos reforzar la adquisición de los productos más demandas por las familias usuarias y con menor oferta por las entidades donantes. Así, destacan la compra de leche (75% del gasto), huevos (13% del gasto) y leche infantil (12%). Una situación que se hizo especialmente preocupante en la Campaña Extraordinaria de Navidad, donde la Diputación aportó 3.000 euros extra para la adquisición, especialmente, de huevos frescos. 

OTRAS ACTUACIONES CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Además de los convenios suscritos hoy, la Diputación de Valladolid mantiene otra serie de actuaciones entre las que destacan las Ayudas de Emergencia Social de Carácter General. En 2017 se concedieron un total de 203 ayudas, destacando las 56 ayudas para alimentación las 53 ayudas para el pago de alquileres de vivienda o las 38 ayudas para la atención de cuidados personales esenciales.

Junto a ellas, hay que reseñar las 7 ayudas destinadas a atender las emergencias sociales relativas a la alimentación infantil, o las 5 ayudas para material didáctico, si bien este tipo de ayudas se han reducido notablemente tanto por la implantación del programa de apoyo a las necesidades básicas esenciales de los menores, como por las ayudas destinadas a las AMPAS de la provincia para la adquisición de material didáctico en los centros educativos. Asimismo, se han concedido 31 ayudas a estudiantes universitarios de nuestro mundo rural

Además, se han concedido 117 ayudas en materia de pobreza energética, en 21 de las cuales la Diputación de Valladolid ha intervenido con las empresas suministradoras para evitar el corte de suministro. Asimismo, en 2018, la Diputación de Valladolid ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas destinada a realizar pequeñas reformas en los hogares vulnerables que permitan mejorar la eficiencia energética, dotada con 200.000 euros.

En este apartado se incluyen también los convenios para la integración de colectivos tradicionalmente marginados: con la Fundación Secretariado Gitano para la promoción de actividades entre la población gitana de nuestra provincia, con el Ayuntamiento de Peñafiel para el desarrollo de programas orientados a modificar conductas discriminatorias y de integración social y cultural; con Cáritas, el Ayuntamiento de Mayorga y la Fundación Patronato San Lázaro para la gestión del albergue social; y, finalmente, el contrato de mediación cultural para resolver los problemas que surgen en las intervenciones de los servicios sociales básicos prestados por la red de CEAS con la población inmigrante.

 

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