La ratificación del Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas, la reforma del Código Penal, la creación de la Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico de drogas, junto a las medidas adoptadas desde la comisión interministerial y el desarrollo del Plan Nacional sobre Drogas, constituyen la normativa a nivel nacional más significativa.

La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local define, entre las competencias municipales, la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social; la protección de la salubridad pública y las actividades e instalaciones culturales y deportivas (Art. 25) y encomienda a las Diputaciones Provinciales la prestación de servicios supramunicipales y la asistencia y cooperación a los municipios (Art. 36).

La Ley de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y León, que dota de competencias en materia de Servicios Sociales Básicos a las Diputaciones Provinciales, determina, en su Art. 6, apartado “f” que es función de las mismas la Prevención Primaria, desarrollando programas concretos y permanentes, tendentes a eliminar en origen las causas de los problemas sociales y de las situaciones de marginación. El mismo artículo, en su apartado “d” establece el Fomento de la reinserción social como una de las funciones de los mencionados servicios.

La Ley 3/1994 de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León dedica el Título I a la reducción de la demanda a través de medidas preventivas, indicando como criterios de actuación, que el ámbito prioritario de prevención de drogodependencias será el comunitario; los programas preventivos combinarán el carácter educativo con la promoción de comportamientos incompatibles con el consumo de drogas y se dirigirán preferentemente a sectores concretos de población, contando con la participación de personas y grupos organizados (Art. 6).

Tras definir las actuaciones prioritarias, indicando que deben realizarse de manera coordinada con las que se desarrollen en el ámbito escolar, se señala que la realización de programas comunitarios se llevarán a cabo bajo el impulso, coordinación, ejecución y evaluación de las Corporaciones Locales, preferentemente a través de los Centros de Acción Social (Art. 7).

Establece asimismo, en el art. 47, cuáles son las competencias y responsabilidades mínimas de las Diputaciones Provinciales:

a) “La aprobación de Planes Provinciales sobre drogas, ...” que, en cualquier caso deberan asegurar mediante la coordinación con los municipios que se cumplen en el territorio provincial las funciones mínimas de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes establecidas en el art. 46 apartado 2.

b) “El apoyo técnico y económico en materia de drogas a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes...”

Por último el IV Plan Regional sobre Drogas 2001-2004 establece los Principios Rectores de Actuación en materia de drogodependencias, entre otros: “Principio de responsabilidad compartida”, “Principio de coordinación y cooperación”, “Carácter prioritario de la prevención”, “Énfasis en el consumo de alcohol y tabaco”, etc.

Por ser el marco legal de referencia más cercano y más importante en cuanto a las competencias del Plan Provincial, se recoge a continuación la Ley 3/94 del 29 de Marzo de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León.